El software libre está constituido por aplicaciones informáticas cuyas licencias de uso y distribución garantizan a los usuarios una serie de derechos:

• El derecho a utilizar el software para cualquier propósito.

• El derecho a redistribuir (copiar) el software.

• El derecho a aprender del software. De la misma forma que los artistas o los científicos aprenden de lo creado o desarrollado por los autores predecesores, los desarrolladores de software aprenden del software creado puesto que su código fuente está disponible.

• El derecho a modificar el software. Por ejemplo, los usuarios pueden mejorarlo, ampliarlo, reducirlo, traducirlo, solventar problemas, aprender o experimentar. Así es posible adaptar el software a las necesidades de cada usuario, dotándolo de una flexibilidad extrema.

• El derecho a distribuir versiones modificadas del software.

El software libre es una cuestión de libertad, no de precio, dado que libre no significa gratuito (aunque sí es cierto que suele tener un coste de adquisición muy bajo).

1. Eliminación de las barreras que impiden la expansión del software libre, posibilitando una competición en igualdad de oportunidades.

2. Utilización de estándares internaciones abiertos en las comunicaciones digitales entre el ciudadano y las administraciones, entre las administraciones, de forma interna en cada administración.

3. Fomento de la libre elección del software por parte del ciudadano.

4. Impulso de iniciativas para aproximar el software libre al ciudadano.

1. Creación de un plan para el establecimiento de una red empresarial regional orientada a la prestación de servicios relacionados con el software libre.

2. Implantación progresiva en la administración pública de soluciones basadas en software libre y estándares internacionales abiertos, mediante una migración que lleve consigo planes de información al ciudadano y formación a los empleados públicos.

Las administraciones públicas, como la gran mayoría de los consumidores de productos y servicios tecnológicos, están inmersas en un círculo vicioso que favorece claramente a un modelo concreto de industria informática y dificulta la competencia real. Se trata de un modelo que conduce en muchos casos a situaciones de monopolio, como resulta evidente en el ámbito de los sistemas operativos o las aplicaciones ofimáticas.

Las administraciones se encierran en este círculo adquiriendo dispositivos (ordenadores, impresoras, etc.) cuyo fabricante sólo proporciona controladores que permiten su uso desde un sistema operativo concreto, y que además, niega a los usuarios cualquier información sobre el funcionamiento de los dispositivos que pudiera permitirles el desarrollo de controladores para otro sistema operativo. El consumidor (la administración, en este caso) se ve obligado a continuar como cliente del mismo proveedor a través de sucesivas actualizaciones.

Esta situación debe corregirse, y para ello, es imprescindible que las administraciones exijan que todo el material informático adquirido sea proporcionado con los controladores para varios sistemas operativos de distintos fabricantes, debiendo proporcionar a su vez los diferentes proveedores las especificaciones necesarias para el desarrollo de nuevos controladores. Este simple protocolo evitaría a las administraciones la renovación periódica de materiales informáticos obsoletos por la mera falta de soporte en las versiones posteriores de los sistemas operativos, con el consecuente ahorro económico y la flexibilización de cambios en el software, evitando que el hardware sea un lastre.

Cada día más ciudadanos tienen acceso a las comunicaciones electrónicas de banda ancha, y utilizan medios telemáticos (Internet) para comunicarse con las administraciones públicas. Para que esta comunicación sea posible, ambas partes deben utilizar un conjunto común de protocolos y formatos de intercambio de información. A lo largo de los años, organismos internacionales independientes han definido un conjunto de protocolos y formatos estándares, que son los que han permitido el nacimiento y vertiginosa expansión de Internet y el World Wide Web, y que garantizan la compatibilidad entre fabricantes.

Algunas empresas, para garantizarse la continuidad de su posición actual de ventaja en el mercado de las redes y de los sistemas, utilizan formatos y protocolos propios, controlados y utilizados exclusivamente por ellas mismas, y sometidos a patentes. Algunos ejemplos de estos formatos son el Microsoft Word (ficheros DOC), el Microsoft Excel (ficheros XLS), o el formato de sonido MP3.

Cuando una administración publica algún tipo de información en estos formatos, está obligando al ciudadano a utilizar una aplicación informática de un fabricante concreto (y habitualmente, en una versión concreta) para poder acceder a la misma. Esta situación provoca:

• Discriminación hacia aquellos usuarios que no usen software de la empresa autora de los formatos o protocolos indicados. Por ejemplo, en el caso de la navegación a través de páginas web de las administraciones públicas. Con fines puramente estéticos, algunas páginas web de instituciones públicas -como la Junta General del Principado de Asturias- utilizan tecnologías no estándar, propietarias, que impiden su consulta desde los navegadores y plataformas para las que el desarrollador de la tecnología no proporciona el software que permite explotarla.

• Como efecto colateral, la administración está beneficiando de manera directa a un fabricante (que habitualmente se encuentra en situación de casi total monopolio), obligando al ciudadano a adquirir una aplicación y su licencia. Es decir, la administración es usada como escaparate de venta de una tecnología que sólo suministra un fabricante.

• En el caso de que el usuario no pueda permitirse adquirir la licencia de uso de la aplicación (generalmente de coste elevado), éste suele optar por adquirir dicho producto de forma ilegal. Así, es la administración quien, inconscientemente, fomenta la piratería informática.

La situación en la que se hace más evidente la dependencia de las administraciones públicas respecto de determinados fabricantes se manifiesta a la hora del acceso a la información almacenada en formatos propietarios. El uso de este tipo de formatos obliga a la fidelización de las administraciones con el fabricante. En ocasiones, este último llega a abandonar el soporte de los formatos, con el consiguiente riesgo de pérdida de la información.

El Consorcio del World Wide Web (W3C), del que forma parte Tim Berners-Lee (Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en reconocimiento a su paternidad compartida de Internet), se dedica a la estandarización de protocolos y formatos de intercambio de información de una forma independiente del fabricante. Las normas producidas por este organismo son las que deberían cumplir todas las páginas web de las administraciones, garantizando así el acceso a la información de forma independiente del proveedor de software. Asimismo, existen estándares independientes para el almacenamiento y acceso a cualquier tipo de información, que las administraciones deben exigir en cualquier aplicación informática que implanten.

La utilización de estándares abiertos también tiene una importancia fundamental a la hora de facilitar el acceso a la información a las personas con discapacidades. Las tecnologías de accesibilidad sólo son operativas cuando se emplean estándares públicos reconocidos e independientes del fabricante.

Muy habitualmente, al comprar un dispositivo informático (ordenador de sobremesa, ordenador portátil, ordenador de mano, etc.), el consumidor se ve obligado a comprar (y pagar) junto con el dispositivo físico el sistema operativo y las aplicaciones. Esto es así porque la gran mayoría de los vendedores finales (ya sean pequeños negocios, grandes superficies o incluso distribuidores) venden el conjunto hardware-software sin permitir al comprador la adquisición única y exclusivamente del dispositivo y coartando la libertad de elección del software.

El sistema operativo y aplicaciones que el consumidor se ve obligado a adquirir son, por supuesto, productos del fabricante que se encuentra en una situación de monopolio. En el caso de que el consumidor no tenga intención de emplear este software, se ve obligado a pagar nuevamente por el software que sí desea utilizar, y en la peor de las situaciones, al realizar esta operación, puede perder la garantía que el fabricante del hardware ofrece.

Esta política empresarial, orientada a conservación de los monopolios por parte de las compañías que los poseen, es contraria a los derechos del consumidor.

El software libre es un bien cultural, y promovedor del desarrollo tecnológico. El acceso al mismo resulta mucho más económico respecto al resto de las opciones de software, pero sólo para aquellos ciudadanos que disponen de conexiones a Internet de banda ancha, que son una minoría.

Para que este bien llegue a todos los ciudadanos, deben articularse mecanismos al margen de la expansión de la banda ancha. Uno de estos mecanismos consiste en que las administraciones acerquen el software libre a través de las redes de bibliotecas públicas, lo que tendría un coste mínimo (no sería necesario pagar coutas a ninguna sociedad de autores).

La situación actual del mercado de aplicaciones informáticas concentra una parte muy importante del gasto en sistemas operativos, ofimática y bases de datos. Ninguno de estos productos, ni otros muchos, son producidos en nuestra región. Las empresas asturianas sólo pueden actuar de intermediarias revendedoras, con lo que la inmensa mayoría del dinero sale de la región, creando escaso empleo en Asturias.

Lo mismo sucede con el mercado de prestación de servicios en torno a las aplicaciones informáticas. Las empresas asturianas no tienen ni la capacidad técnica (código fuente) ni la legal para modificar, adaptar, corregir errores o traducir las aplicaciones importadas. Tampoco pueden dar auténtico soporte técnico, pues no saben realmente cómo funcionan estas aplicaciones. Nuevamente se convierten en revendedores, esta vez de servicios, con serias limitaciones en cuanto al alcance de los servicios prestados.

Estas circunstancias se sitúan en el origen del desolador panorama empresarial asturiano en las tecnologías de la información. En un grandísimo porcentaje, el gasto que realizan las empresas asturianas y las administraciones públicas en productos y servicios informáticos se marcha fuera de la región, no revirtiendo ni en prosperidad ni en generación de empleo local.

En el origen de esta situación se encuentra precisamente el modelo de la industria del software que predomina actualmente, y en el que la riqueza fluye masivamente hacia las grandes multinacionales. Se trata de un modelo basado en la imposición de una dependencia tecnológica que impide el desarrollo de una auténtica red local de empresas.

El software libre rompe esta dinámica. Con él, las empresas asturianas pueden producir desarrollos propios, reteniendo el capital en la región, generando más empleo y de mayor nivel formativo, deteniendo la emigración de profesionales formados en Asturias en las tecnologías de la información. El gasto global puede reducirse, al aprovechar desarrollos anteriores e incentivar la competencia, pero tiene mucho más valor para la sociedad porque se retiene dentro de nuestras fronteras.

La prestación de servicios relacionados con las aplicaciones informáticas también se ve muy mejorada. Con el software libre, las empresas asturianas pueden proporcionar un auténtico servicio técnico, formación, desarrollos a medida y subsanación de errores, porque cuentan con acceso a toda la información posible sobre las aplicaciones (código fuente).

Existen muchos motivos por los que las administraciones públicas no sólo deben garantizar un mercado de oportunidades para el software libre, sino que deben además optar activamente por el software libre a la hora de equiparse.

El primer motivo es que las administraciones son grandes consumidores de productos y servicios informáticos, probablemente los mayores de Asturias. Asumiendo que el software libre sienta las bases de un mercado más sano y próspero para las empresas asturianas (tesis expuesta en el apartado anterior), la mejor manera que tienen las administraciones de estimular el crecimiento de este mercado es convertirse en consumidores de software libre.

Optando por el software libre para sus sistemas de información, las administraciones obtienen la capacidad de elegir entre un número mucho mayor de proveedores, cuyos productos, servicios y precios pueden estar claramente diferenciados, gracias a que no son revendedores.

La perdurabilidad y la protección de la información que manejan las administraciones es otro factor que motiva el cambio. Esta información es, en el caso de las administraciones, de naturaleza particularmente sensible (datos de los ciudadanos). Si la administración no utiliza formatos estándares para almacenarla, el acceso a esa información queda ligada al empleo de un producto de un proveedor concreto. Si la administración no utiliza software libre para procesarla, no puede garantizar que la información esté siendo tratada con los fines declarados. Ni siquiera puede garantizar la confidencialidad de la información, porque tan sólo puede suponer las tareas que están realizando realmente las aplicaciones.

Resulta evidente que el coste de adquisición de soluciones basadas en software libre es muy inferior al de los equivalentes que se usan actualmente. Incluso considerando que hay otros gastos que no se reducen, el ahorro no se detiene en la adquisición. La administración se hace independiente para decidir los cambios, actualizaciones o ampliaciones de sus sistemas. Ya no es el proveedor, con sus estrategias comerciales, el que impone a los consumidores actualizaciones de las versiones de los programas cada dos años. La prolongación de la vida útil de los sistemas, que actualmente se encuentra recortada de forma artificial por razones comerciales determinadas por las multinacionales del sector, se convierte en otra fuente de ahorro. Tampoco se detiene ahí el ahorro. Los sistemas basados en software libre tienen una estabilidad y seguridad reconocidamente superior. El aumento de la disponibilidad y la reducción de los costes de mantenimiento por incidencias constituyen una fuente más de ahorro.